En el centro del debate nacional y bajo una presión internacional sin precedentes, México enfrenta una de las crisis institucionales más profundas de su historia moderna. Las revelaciones recientes, provenientes de instancias de seguridad en los Estados Unidos, han comenzado a desenredar una madeja de presuntas complicidades que involucran a altos mandos militares
y figuras políticas de primer nivel con el crimen organizado. Lo que antes eran sospechas aisladas ha comenzado a tomar la forma de un panorama institucional preocupante: la erosión de las fuerzas armadas desde el corazón del Palacio Nacional, bajo un modelo de gobernanza que, según expertos, ha priorizado la perpetuación en el poder a costa de la integridad del Estado.
El corazón de esta controversia reside en lo que muchos analistas y críticos describen como una alianza tácita y pragmática entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las organizaciones criminales. Esta supuesta estrategia, bajo el lema de “abrazos, no balazos”, es interpretada por diversos sectores como una vía para facilitar el acceso al poder y, posteriormente, para asegurar un control territorial donde el Estado renunció a la confrontación frontal a cambio de una paz aparente. Sin embargo, esta “paz” ha tenido un costo elevado: la subordinación de la seguridad pública y el fortalecimiento de los grupos delictivos, quienes han aprovechado el vacío de autoridad para expandir sus operaciones y, más grave aún, para infiltrarse en las estructuras que deberían combatirlos.
Uno de los puntos más críticos de esta situación es el involucramiento directo de sectores de las fuerzas armadas. Históricamente, el ejército y la armada han sido vistos como los últimos pilares de la institucionalidad mexicana. No obstante, la estrategia de esta administración ha implicado la asignación de roles civiles a los militares, desde la construcción de infraestructura estratégica como aeropuertos y carreteras hasta la administración de aduanas y puertos. Para muchos, este despliegue de poder económico y administrativo ha funcionado como un mecanismo de contención y cooptación, diseñado para mantener a los mandos militares ocupados y, sobre todo, vinculados financieramente al proyecto político en turno.
La comparación con situaciones vividas en otras latitudes, como el caso del llamado “Cártel de los Soles” en Venezuela, resulta inevitable y alarmante. Al igual que ocurrió en aquel país, la participación de mandos castrenses en actividades ajenas a la disciplina militar ha creado incentivos perversos. Cuando los generales y almirantes se convierten en administradores de grandes presupuestos y negocios, su lealtad tiende a desplazarse de la Constitución hacia la protección del régimen que les ha conferido dichos privilegios. Este efecto corruptor ha minado la capacidad institucional para actuar con autonomía y rectitud, creando una estructura de poder donde la línea entre el servicio público y el interés privado se ha vuelto peligrosamente difusa.
El reciente arresto del general Gerardo Mérida, junto con figuras clave como el exsecretario de finanzas de Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, es un indicativo del alcance que ha tomado esta infiltración. Los informes sugieren que estos personajes no solo eran receptores de recursos de procedencia ilícita, sino que actuaban como facilitadores del Cártel de Sinaloa. La información fluye en ambos sentidos: el gobierno provee inteligencia sobre operaciones de seguridad para permitir el escape de los delincuentes, y, a cambio, estos proporcionan recursos y operatividad al régimen. Esta simbiosis ha transformado la estrategia de seguridad en una farsa, donde las operaciones contra el crimen organizado se coordinan más para proteger los intereses de los cárteles que para desmantelarlos.
Ante este panorama, la pregunta sobre dónde se encuentra la institución militar es recurrente. Existe una parte de las fuerzas armadas que aún mantiene su lealtad a la Carta Magna y a la patria, pero su voz ha sido silenciada por la estructura de mando actual. Como ciudadana mexicana y analista, la esperanza reside en que estos mandos leales, generales y almirantes que ponen al país por encima de cualquier partido o personaje, logren deslindarse de lo que muchos ya califican como un “narcoregimen”. Sin embargo, la realidad política sugiere que esta posibilidad es remota bajo la presente configuración de poder, ya que los mecanismos de control interno han sido diseñados precisamente para evitar cualquier fisura en la lealtad al Ejecutivo.
Mientras tanto, la mirada internacional no ha sido ajena a estos acontecimientos. Voceros de la DEA y altos funcionarios estadounidenses han enviado señales claras y contundentes. La advertencia del jefe de la DEA respecto a que “el caso Rocha Moya es solo el principio” subraya la seriedad de las investigaciones en curso. Asimismo, las declaraciones del secretario de guerra estadounidense, Peter Hasset, instando al gobierno mexicano a dar pasos firmes antes de que sea necesaria una intervención externa, reflejan un nivel de impaciencia que escala rápidamente. El discurso de Donald Trump, quien ha llegado a afirmar que en México “gobiernan los cárteles y nadie más”, añade una capa de tensión adicional a una relación bilateral ya de por sí compleja.
Es importante analizar este contexto bajo la lupa de los tiempos políticos. En noviembre, los Estados Unidos celebrarán elecciones intermedias, un momento que determinará la composición del Congreso y, por ende, el margen de maniobra de la administración estadounidense. Existe una especulación creciente sobre si la actual estrategia de resistencia y menosprecio de las autoridades mexicanas ante las críticas de Washington es un cálculo político acertado o un error grave. Muchos sugieren que, independientemente del resultado electoral en Estados Unidos, la presión sobre México se mantendrá o se intensificará, pues el interés de Washington por contener el avance del narcotráfico y la inseguridad en su frontera sur es una política de Estado que trasciende los ciclos electorales.
La postura del gobierno mexicano, al minimizar estas advertencias y desestimar las preocupaciones de sus pares internacionales, podría ser un error de apreciación. Al ignorar la realidad de los señalamientos, las autoridades están postergando una resolución que, tarde o temprano, se les impondrá por la fuerza de los hechos. La historia demuestra que las alianzas con el crimen organizado terminan inevitablemente en la ruina de las instituciones y en la pérdida de soberanía. La pregunta para el futuro inmediato es si la clase política será capaz de rectificar su rumbo antes de que el daño a la estructura institucional sea irreversible.
En conclusión, México atraviesa una encrucijada crítica. La descomposición institucional, alimentada por la corrupción y la complicidad con el crimen organizado, ha puesto en riesgo los pilares del Estado. La sociedad mexicana observa con preocupación cómo las instituciones que debían garantizar su seguridad y bienestar se han convertido, en muchos casos, en cómplices de quienes intentan destruirlas. La transparencia, la rendición de cuentas y la recuperación de la autonomía de las fuerzas armadas son los únicos caminos viables para rescatar al país de esta crisis. El tiempo apremia, y la exigencia de una clase política responsable, que actúe en beneficio de la nación y no de sus propios intereses, nunca ha sido más imperativa.
